• Esta Alianza fortalece la protección efectiva de 560.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos en Parques Nacionales. La formalización de más de 800 predios quedará registrados legalmente a nombre de la Nación.
• Fortalecemos la gestión territorial integral y garantiza la conservación de las áreas protegidas como bienes públicos para las generaciones presentes y futuras.
• El anuncio se realizó en el marco de una visita al Parque Nacional Natural Tayrona, con la participación del Representante País del Banco Mundial en Colombia, Peter Siegenthaler; Federica Ranghieri, Practice Manager para la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial; Gustavo Marulanda, Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; y Luisz Olmedo Martínez Zamora, Director General de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

​Santa Marta D.C., – Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) reafirman su compromiso en una alianza para el ordenamiento ambiental del país, enfocada en la protección de la biodiversidad. Esta colaboración permite consolidar la propiedad de las áreas protegidas a nombre de la Nación y la conservación de nuestro patrimonio natural.

Durante el periodo 2024–2025 se puso en vigencia catastral aproximadamente 5,6 millones de hectáreas ubicadas en áreas protegidas, correspondientes a 9 parques nacionales en 16 municipios y en áreas no municipalizadas, incluyendo los Parque Nacional Natural Paramillo, Cahuinarí, Serranía de Chiribiquete, Sierra de la Macarena, el Pisba y la Sierra Nevada de Santa Marta.

También se destaca el trabajo coordinado a la gestión predial previa que ayudó a la declaración del nuevo Parque Nacional Natural Serranía de Manacacias, con más de 68.000 mil hectáreas; como corredor ecológico entre la Orinoquía y la Amazonía que alberga 12 ecosistemas estratégicos.

Durante 2025, se dio continuidad a la operación de catastro multipropósito sobre 9,8 millones de hectáreas adicionales que coinciden con 27 parques a nivel nacional, consolidando un ejercicio de coordinación interinstitucional orientado a la planificación, la sostenibilidad y la garantía de derechos en los territorios.

En materia de insumos geográficos, 21 parques cuentan con cobertura de información cartográfica actualizada, que corresponden a más de 10 millones de hectáreas.

En este periodo se realizaron 148 valoraciones comerciales de predios, un paso esencial para la adquisición de tierras. La gestión ha sido notablemente exitosa, con 113 ofertas de compra de terrenos aceptadas en parques clave como: Las Orquídeas, Selva de Florencia, Los Nevados y Alto Fragua Indi Wasi.

“Hemos logrado la valoración de más de 148 predios, de los cuales más de 100 ya han sido adquiridos. Este esfuerzo avanza en la ruta de la titularización predial de nuestras áreas protegidas, con la meta de alcanzar 800 predios en el primer trimestre de 2026, garantizando su seguridad jurídica. Nos satisface este avance, pues ser parte de esta alianza estratégica con el Banco Mundial y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el marco de la ruta del catastro multipropósito, nos permitirá construir una base sólida para el ordenamiento territorial, con un soporte técnico robusto y mayor transparencia administrativa”,

señaló Luisz Olmedo Martínez Zamora, Director General de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Con esta alianza aportamos a la formalidad y la legalidad mediante el registro de la propiedad, lo que brinda seguridad jurídica y permite a Parques Nacionales Naturales de Colombia contar con certeza sobre la titularidad y con los instrumentos normativos necesarios para proteger el patrimonio natural del país”, indicó Gustavo Adolfo Marulanda, Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Estos impactos fueron el resultado de una agenda de trabajo que incluyó actividades de fortalecimiento de capacidades e intercambio de conocimiento interinstitucional.

Peter Siegenthaler, Representante de País del Banco Mundial, destacó el compromiso y la dedicación de Parques Nacionales Naturales de Colombia y del IGAC para desarrollar instrumentos que protejan la naturaleza, entendida como un bien público global que todos tenemos la responsabilidad de cuidar y que trasciende las fronteras de Colombia. Asimismo, señaló la importancia de proteger de manera conjunta la riqueza natural del país y de aportar, a través del diálogo, a transformaciones orientadas a este propósito, reiterando que el Banco Mundial continuará apoyando estos procesos.

De cara a 2026, el plan de trabajo se concentra en acciones de alto impacto para la conservación:

Saneamiento y protección a gran escala:

La meta principal es formalizar la propiedad de aproximadamente 800 predios que se presume son del Estado y se encuentran al interior de áreas protegidas. Este proceso otorgará la máxima protección legal a más de 560.000 hectáreas, brindándole al país el instrumento legal más robusto para blindar estos territorios ante amenazas y asegurar que continúen siendo refugios de biodiversidad que sostienen la vida de los colombianos.

Innovación en la valoración ambiental de ecosistemas: 

Implementaremos la valoración de predios en ecosistemas de páramos a través de una metodología pionera, la cual considera el grado de conservación y el valor ambiental, en cumplimiento de la Ley 1930 de 2018. Además, se desarrollarán herramientas de valoración para otros ecosistemas estratégicos. Al adoptar este enfoque, se garantiza que los procesos de adquisición y saneamiento reconozcan el invaluable aporte de estos ecosistemas al país y prioricen la protección ambiental, asegurando la provisión estable de agua y otros servicios ecosistémicos para las futuras generaciones.

Tecnología al servicio de la conservación:

Finalmente, se pondrá en marcha una estrategia de interoperabilidad tecnológica que permitirá el intercambio directo de información geográfica y catastral. Esta eficiencia en la gestión pública se traduce en un proceso de formalización de la propiedad más ágil y transparente, fortaleciendo la capacidad de las instituciones para defender y conservar de manera efectiva el patrimonio natural de todos los colombianos.

Este avance proporciona mayor claridad sobre quién es responsable de cuidar estos territorios, previene ocupaciones indebidas, facilita la gestión ambiental y garantiza que las áreas protegidas permanezcan como bienes públicos conservados para las generaciones presentes y futuras.