“Uno mira atrás y todo ha valido la pena. Recuerdo cuando nos tocó abandonar el Parque Nacional Natural Cueva de Los Guácharos, debido al conflicto armado; el Parque se convirtió en zona de enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. Nos trasladaron al Parque Nacional Natural Nevado del Huila, pero decidimos regresar para recuperar el Parque, hasta que lo recuperamos”, relata Carlos Cortés, guardaparques de Guácharos.

Al regresar, encontraron las cabañas deterioradas y el parque invadido, con tala de árboles, cultivos de amapola y presencia de cazadores. Con ese panorama comenzaron un proceso de restauración y control después de cuatro años de abandono.

Carlos Cortés sigue activo en sus labores y no planea irse, así se pensione. Mientras camina por la Cueva del Indio, a 92 metros bajo tierra, habla de las rocas del periodo Cretácico y señala las estalactitas y las estalagmitas. Lleva 35 años en el primer parque nacional natural de Colombia (1960), abierto al ecoturismo, y su propósito, asegura, es “contagiar a las nuevas generaciones para que sigan conservando y que sus hijos puedan disfrutar de los paisajes que a él le alimentan el alma a sus 61 años”.

Y no es para menos. Tanto los guardaparques como las comunidades reconocen que son unos privilegiados por vivir en territorios donde la selva, los volcanes, los nevados, los desiertos y la inmensidad de los ríos los asombran con tanta belleza. Sin embargo, esa emoción contrasta muchas veces con la pobreza, la precariedad, la inseguridad, la violación de los derechos humanos y la crudeza del conflicto armado.

Abel*, sentado a la orilla del río Atrato en el Urabá chocoano y vecino del Parque Nacional Natural Los Katíos, en la subregión del departamento de Chocó que limita con el mar Caribe y el Golfo de Urabá, reconoce las dificultades de vivir en los llamados corredores de la muerte. Una de las doce franjas estratégicas del país donde confluyen economías ilícitas que alimentan el conflicto armado y donde diferentes grupos han construido su propias estructuras de poder.

Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), no se trata de rutas trazadas en los mapas, sino de territorios de tránsito que se han convertido en ejes de control para el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. En estas zonas, las comunidades permanecen sometidas a las dinámicas de control territorial impuestas por grupos como el Ejército Gaitanista de Colombia, el ELN, las disidencias de las FARC e incluso por redes criminales transnacionales.

La tensión en los territorios es evidente. En un recorrido por el río Atrato, con el contraste del azul intenso del cielo y el color marrón de las aguas, algunas comunidades prefieren ignorar a los navegantes y seguir con su vida como si nada sucediera. “Acá es mejor hablar de cómo está el clima, la pesca y no meterse en lo que a uno no le interesa, es mejor guardar silencio”.

Esa realidad tiene rasgos comunes con la del Catatumbo. “Estaba cantado lo que iba a suceder. Nadie prestó atención a las alertas tempranas y mire, esto fue lo que pasó, pero debemos seguir, siempre debemos seguir”, dice un habitante de Tibú. Esa misma resiliencia la expresa Joselito Vargas Acevedo, jefe del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, quien lleva catorce años en el área protegida y 35 en la entidad. La de Vargas es una vocación ambiental marcada por su amor a las comunidades.

Mientras conduce desde Bucaramanga hasta La Playa de Belén en Norte de Santander, Joselito rememora cómo participó en la declaratoria del Área Natural Única Los Estoraques. Es un área con impresionantes columnas y torres de roca sedimentaria que narran la historia geológica del país y donde él ha trabajado con el pueblo Barí durante años.

“Nosotros no estamos de parte de nadie. Trabajamos por las comunidades y para cuidar el medioambiente”. Habla con firmeza y dice que, aunque los tiempos están difíciles, tiene un compromiso con su país y una responsabilidad con las futuras generaciones.

En esta zona convergen el ELN, distintas facciones de las disidencias de las FARC y carteles internacionales que controlan el contrabando de gasolina y el tráfico de armas. Las comunidades campesinas e indígenas viven atrapadas entre enfrentamientos y operaciones militares en un contexto marcado por altos niveles de homicidios y desplazamientos. A pesar de que el Catatumbo es una de las regiones con mayor concentración de cultivos de coca en el país y una frontera permeable con Venezuela, Joselito mantiene su compromiso con la conservación, el mismo que ha visto en las comunidades étnicas.

“Siempre hemos sido guardianes de la naturaleza, respetamos a la Madre Tierra, pero tristemente hay personas que buscan el dinero a costa de los recursos naturales, matan a los animales, contaminan los ríos y creen que no pasa nada, y eso no es así, por eso hoy vemos eventos naturales que acaban con todo, la naturaleza también se resiente”, asegura Ricardo* del pueblo indígena Barí, mientras navega por el río Catatumbo, ruta de entrada a la selva que rodea su comunidad.

Parques Nacionales: entre la conservación, el conflicto y los acuerdos posibles

Las áreas protegidas han sido escenarios silenciosos —y a veces visibles— del conflicto armado, pero también de construcción de soluciones. En medio de diálogos formales, tensiones locales y economías ilegales, Parques Nacionales Naturales ha jugado un papel clave que hoy cobra mayor relevancia.

Desde los primeros acercamientos con grupos armados en procesos como el del Gobierno de Andrés Pastrana, esa presencia institucional en zonas de conflicto implicó participar incluso en lo que algunos describen como “diálogos forzados”. En estos escenarios, la institución debió construir una narrativa coherente que le permitiera relacionarse no solo con actores armados, sino también con las comunidades, otras entidades del Estado y la cooperación internacional. Esa experiencia dejó una lección central: la paz en los territorios exige coherencia, articulación y presencia constante.

Con el paso de los años, esos aprendizajes se tradujeron en acciones concretas. Durante distintos gobiernos, incluyendo el de Álvaro Uribe y posteriormente el de Juan Manuel Santos, Parques Nacionales fortaleció su capacidad de liderazgo territorial. En regiones como La Macarena, por ejemplo, promovió la articulación entre instituciones, comunidades y la cooperación internacional, para ejecutar componentes del “Acuerdo de La Habana” firmado en 2016 entre el gobierno del presidente Santos (2010-2018) y la guerrilla de las FARC-EP.

Así, Parques promovió la erradicación voluntaria de 2.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca; apoyó la creación de las zonas de reserva campesina del Losada-Guayabero y del Güéjar-Cafre; ayudó a formalizar cerca de 40.000 hectáreas de tierra en beneficio de más de 700 familias;  impulsó procesos de relocalización concertada de familias que habitaban dentro de áreas protegidas. Lo más significativo fue demostrar que en escenarios de alta conflictividad armada es posible que los procesos sociales avancen en autonomía, representatividad y legitimidad, contribuyendo a la construcción de Estado desde la misma región.

La implementación del acuerdo enfrentó dificultades por divisiones ideológicas sumadas a cambios de gobierno que ralentizaron los avances. Aun así, Parques Nacionales mantuvo su presencia apoyando procesos sociales e impulsando programas de gobierno como la sustitución de cultivos de hoja de coca.

Hoy, la política de Paz Total amplía el panorama. Nuevos actores armados entran en diálogo y, por primera vez, el tema ambiental ocupa un lugar central en las negociaciones. En la agenda acordada con grupos como el ELN, el cuidado de la naturaleza se reconoce como uno de los ejes fundamentales para negociar.

Este nuevo enfoque ha permitido que Parques Nacionales de Colombia participe de manera más activa en esos procesos. Nuestros expertos aportan insumos técnicos a la Mesa de Diálogos de Paz adelantada por el Gobierno del presidente Petro (2022-2026) con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBsyF). Además, en un arduo trabajo de articulación institucional hemos logrado acuerdos con organizaciones campesinas y apoyo de la embajada de Noruega para gestionar conflictividades generadas por el asentamiento de familias dentro del Parque Chiribiquete.

Pero los retos persisten. En muchas zonas, las economías ilegales, como la minería de oro, siguen siendo un obstáculo estructural para una vida tranquila. Su alta rentabilidad dificulta la transición hacia alternativas legales y sostenibles, financia la maquinaria de guerra y contribuye a la desinformación, propagando entre las comunidades narrativas que presentan a Parques como una amenaza, generando desconfianza y resistencia.

Frente a este difícil panorama, Parques Nacionales mantiene tres mensajes fundamentales. El primero es que las áreas protegidas son un bien público: espacios que resguardan la mayor riqueza biológica y cultural del país y pertenecen a toda la sociedad. El segundo, que su cuidado no es responsabilidad exclusiva de una entidad, sino un compromiso colectivo que involucra al Estado, las comunidades, el sector privado y la cooperación internacional. Y el tercero, que es necesario un gran pacto nacional por la naturaleza, especialmente en regiones estratégicas como la Amazonía.

Más allá de proteger áreas delimitadas, el desafío es conservar ecosistemas completos y recuperar la conectividad entre ellos. De lo contrario, la presión externa —como una especie de avance constante de la deforestación— puede terminar aislando y debilitando las áreas protegidas.

En este contexto, las mesas de diálogos en Colombia ya no pueden entenderse sin la dimensión ambiental. Los territorios donde se construyen los acuerdos son los mismos donde se juega el futuro de la biodiversidad. Y en ese cruce, Parques Nacionales Naturales de Colombia se consolida como un actor fundamental para la conservación y expansión de la riqueza natural, contribuyendo al fortalecimiento del Estado desde los territorios para que la naturaleza sea protagonista de la paz.