• El futuro de la Serranía de San Lucas no se definirá únicamente en las mesas de trabajo, sino en el territorio, mediante diálogos de construcción conjunta. Ese fue el gran acuerdo entre los participantes de la mesa técnica, quienes coincidieron en la necesidad de llevar la propuesta del Distrito Nacional de Manejo Integrado a las comunidades para enriquecerla con sus conocimientos,  experiencias y voces.

Por: María Alejandra Moreno T.

“Estás mesas son de concertación y de conservación. Reconozco que con estos espacios hemos podido ver de forma más clara la figura de DNMI. Vemos el potencial de la Serranía y lo que significa para nosotros seguir protegiendo nuestro territorio. Hemos resistido, hemos conservado y seguiremos en este proceso hasta que lleguemos a un consenso”: estas fueron las palabras de la líder Yurani Cuellar de la Serranía de San Lucas, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, quien participó en la Mesa Metodológica y de Gobernanza realizada el 22 de julio en Barrancabermeja.

En ella participaron entidades del Gobierno nacional, el grupo de Nuevas áreas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, delegados de los ministerios de Ambiente, Minas y Energía, Agricultura e Interior; la Agencia Nacional de Minería; la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz; la Defensoría del Pueblo; Corantioquia; organizaciones sociales, la MAPP/OEA Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia; representantes del sector minero y ambiental; comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, entre otros actores.

Esta fue la quinta reunión realizada este año con las comunidades. Tres de ellas fueron mesas técnicas enfocadas en la actualización de información del territorio en temas mineros, agricultura y tierras y ambientales y otras dos fueron espacios enfocados en consolidar una hoja de ruta para continuar el proceso de declaratoria del Distrito Nacional de Manejo Integrado Serranía de San Lucas mediante la mesa metodológica y de gobernanza, priorizando el diálogo entre instituciones, comunidades y sectores productivos, con la perspectiva de lograr que el territorio siga sumando a la construcción del proceso. Así es posible despejar inquietudes y construir consensos sobre la propuesta del área protegida.

Decisiones y responsabilidades compartidas

Uno de los principales temas abordados fue la gobernanza del DNMI entendiendo que se trata de tomar decisiones de manera concertada entre el Estado, las autoridades ambientales, territoriales, las comunidades étnicas, campesinas y la sociedad civil para garantizar la conservación de la Serranía de San Lucas y el bienestar de quienes habitan el territorio.

Marco Caraballo Pérez, profesional de Gobernanza y Participación Social de la Dirección Territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales, explica: “con el DNMI se busca avanzar en un modelo de gobernanza compartida para esta área protegida pública, así cómo en el ordenamiento ambiental del territorio que abarca los departamentos de Bolívar y Antioquia. Es un trabajo articulado con los ministerios de Ambiente, Minas y Agricultura, entre otros, además de organizaciones sociales, para construir colectivamente una propuesta que proteja los ecosistemas y contribuya al buen vivir de las comunidades”.

El proceso, añade, representa una oportunidad para fortalecer la coordinación institucional, promover el uso sostenible del territorio y consolidar condiciones que permitan avanzar hacia un desarrollo compatible con la conservación.

¿Es compatible la minería y la conservación?

Para Carlos Augusto Ortega Galvis, vicepresidente de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, la minería continúa siendo un componente estructural de la Serranía de San Lucas. Esa actividad aurífera representa una fuente tradicional de sustento para miles de familias y hace parte de la identidad de la población.

Explica que la provincia geológica posee un alto potencial mineral, por lo que se considera necesario ampliar la caracterización técnica para establecer las áreas de uso. Uno de los principales retos es fortalecer el seguimiento ambiental a las actividades mineras para garantizar el cumplimiento de los instrumentos existentes y mejorar la verificación en campo.

Los participantes también señalaron que las normas vigentes permiten armonizar la conservación con la minería preexistente, siempre que las decisiones se definen mediante el Plan de Manejo, la zonificación del área protegida y el respeto por los derechos adquiridos. Finalmente, coincidieron en que la legitimidad del proceso dependerá de la participación efectiva de las comunidades y de la articulación entre las instituciones y los actores del territorio.

“Quiero hacer un importante reconocimiento al equipo de Parques Nacionales Naturales de Colombia por el proceso de participación que ha liderado en toda esta ruta, un trabajo que quedó en evidencia en la mesa técnica de minería que realizamos con la comunidad”, señaló Ortega.

Continúa el diálogo

Los representantes de más de 30 organizaciones  trabajaron para definir la metodología con la cual iniciarán nuevos diálogos en el territorio que permitan aclarar dudas sobre la propuesta del Distrito Nacional de Manejo Integrado y recoger las observaciones de las comunidades.

Los grupos coincidieron en la importancia de la socialización detallada de la información, la explicación de qué es un área protegida, por qué un Distrito Nacional de Manejo Integrado es la mejor estrategia de conservación. Además de qué tipo de minería está permitida; aclaración sobre la economía campesina, los títulos de tierra,  la permanencia en el territorio, las Zonas de Reserva Campesina y los estudios de caracterización biológica de la Serranía de San Lucas.

Lucy Martínez, oriunda de Remedios y Segovia, defensora de derechos humanos y representante de la organización Cahucopana, Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño,, manifestó: “Tenemos que llegar con la información clara. Que sepan que es una figura que beneficia a las personas y el medioambiente. Proponemos que en esas conversaciones tengamos material como folletos, videos y el acompañamiento de Parques Nacionales Naturales de Colombia para despejar las dudas”.

“Estos espacios son pertinentes porque son temas que impactan a nuestras comunidades. De ahí que en los procesos de concertación podemos participar en las decisiones y en las propuestas. Nos queda la tarea de tratar de contarle a nuestras comunidades  qué es el proceso de San Lucas, para que no se genere desinformación. Por eso queremos que cuánto antes lleguemos al territorio”, señaló Marlon Hernández, líder social de Cantagallo, Bolívar.

La retroalimentación obtenida de cada una de las mesas es un insumo clave para continuar la construcción participativa del proceso. Lo que sigue es “sistematizar la información recolectada en estas mesas de trabajo, socializar los avances del proceso con el gobierno entrante y definir la entrada a los territorios para despejar las dudas que aún tienen las comunidades,”, dijo Claudia Galindo, de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Con estas mesas técnicas, la ruta hacia la declaratoria del Distrito Nacional de Manejo Integrado Serranía de San Lucas sigue avanzando con el propósito de alcanzar un acuerdo social que fortalezca la gobernanza del territorio y permita compatibilizar la conservación ambiental, el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades que históricamente han habitado el territorio.

“Es una prioridad avanzar en esta ruta declaratoria, nuestros caños están llenos de mercurio y de lodo; ya no hay peces. Esos son los cambios que hemos vivido en el territorio como consecuencia de la minería con retroexcavadoras que van acabando con todo. Esa no era nuestra forma de vida como campesinos. Queremos que se detenga la destrucción de nuestro territorio, que se respeten las normas comunitarias y que no continúe avanzando los factores que dañan la tierra. Esperamos que esta figura de protección nos ampare y garantice la conservación de la Serranía de San Lucas para las generaciones presentes y futuras”, concluyó María Irene Ramírez Amaya, representante legal de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra.