Los parques naturales de Colombia son claves para regular el ciclo del agua, proteger la biodiversidad del país y combatir los efectos del cambio climático. Promover la bioeconomía y el ecoturismo son algunos de los desafíos que enfrenta el Gobierno nacional y la cooperación internacional en la lucha contra la deforestación en ecosistemas estratégicos.
Parques Nacionales Naturales (PNN) administra más de 38 millones de hectáreas del país y, junto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), cubre casi 50 millones, lo que significa el 83 % de la representatividad ecosistémica de Colombia. Su importancia radica en que allí habitan más de 20.000 personas y más de 24.000 especies descritas. Además, son vitales por la función que cumplen en la interceptación, regulación, transpiración, depuración del ciclo del agua, producción de energía, reducción de los desastres naturales, adaptación y mitigación al cambio climático.
“El Plan Nacional de Desarrollo nos habla de ordenamiento territorial en torno del agua, que justamente nace en áreas protegidas como el Parque Nacional Chingaza. Por ejemplo, la población de Bogotá depende de que este ecosistema funcione bien”, explicó Luisz O. Martínez, director de PNN, en el marco de la visita diplomática del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, a Colombia. El funcionario recalcó el compromiso del Pacto Verde Europeo con los objetivos climáticos del país y la región.
Aunque estas zonas poseen ecosistemas y especies fundamentales para avanzar hacia los objetivos que ha trazado el país en materia ambiental, no están exentos de amenazas como la deforestación, el acaparamiento de tierras, los cultivos de uso ilícito y la minería. De acuerdo con el informe “Diversidad y territorios para la paz”, publicado a finales de 2022 por la iniciativa Parques Nacionales Cómo Vamos, la región amazónica ha sido la más afectada, donde los Parques Tinigua, Sierra de la Macarena, Chiribiquete, La Paya y Paramillo están sometidos a numerosas presiones.
A esta situación se suma el panorama que mostró el último informe del Ministerio de Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre la deforestación en Colombia, el cual advierte que, en 2021, esta actividad habría aumentado un 1,5 % en relación a 2020, una cifra que se traduce en 174.000 hectáreas de bosque perdidas. El informe también reveló que los seis departamentos en los que se concentró el 77 % de las hectáreas deforestadas fueron Norte de Santander, Antioquia, Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.
Así, la gestión que tendrá PNN durante los cuatro años del gobierno actual será decisiva para mitigar estas problemáticas y darles un respiro a la naturaleza y a las especies que habitan allí, ya que 35 Parques tienen ecosistemas vulnerables, 17 en peligro y 16 en peligro crítico.
“Nuestro objetivo es fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a través de un conjunto de estrategias a nivel regional y municipal basadas en enfoques como la bioeconomía. También serán prioridad las reservas de la sociedad civil que hoy superan las 1.100 y representan casi 240.000 hectáreas de conservación”, informó Luisz O. Martínez, quien recalcó su interés por proteger la biodiversidad de Colombia y recuperar lo que se ha perdido a través de procesos de restauración.
Según el director de PNN, un punto clave a tener en cuenta será la innovación, ya que solo a través de ella se podrá propiciar una economía productiva de la biodiversidad que motive a comunidades campesinas y étnicas a proteger los ecosistemas. A los ojos de Martínez, también es una forma de alcanzar lo que él llama “paz con la naturaleza”.
“Este es un país que ha sufrido y que quiere salir de un conflicto armado que ha dejado huellas en la sociedad, pero también en la naturaleza. El impacto ha sido tal que las cortes han atribuido el valor de sujeto de derechos a numerosos ecosistemas. Yo creo que la naturaleza puede ser un puente a la reconciliación si logramos establecer esos hilos que unen la vida”, manifiesta el director de PNN.
Martínez también enfatiza la importancia de vincular la economía en los Parques y en sus zonas de amortiguación a las necesidades de las personas. Según dice, muchas veces se piensa que la conservación de ecosistemas como bosques, sabanas o páramos no puede ser productiva si no tienen vocación agrícola. La realidad, advierte, es completamente distinta.
“Gracias a la producción de aire, agua, regulación climática y conectividad ecológica es que es posible la vida (…) Si incorporamos la biodiversidad unida a la economía como modelo a seguir, podremos conseguir la cohesión social que tanto hemos buscado. La identidad y el respeto a la cultura también serán fundamentales en este aspecto”, asegura Martínez.
Todos estos objetivos tendrán que articularse con acciones que permitan el ecoturismo en al menos el 50 % de las áreas protegidas. Aunque hoy son 36 los Parques que tienen esa vocación, solo 23 tienen planes de ordenamiento para actividades ecoturísticas. “La idea es tener más y mejores turistas. También queremos que, a través de estrategias de infraestructura blanda, que tiene que ver con la organización de la sociedad, el turismo se consolide como un pilar de conservación y educación ambiental”.
La dirección de PNN parte con un escenario favorable para lograrlo, ya que en los primeros seis meses de 2022 el número de visitantes a áreas protegidas fue de 690.708, un 70,5 % superior al mismo período en 2021. Aunque esto obedece al cierre temporal que tuvieron los Parques durante la pandemia del covid-19, Martínez sostiene que hay luces para seguir trabajando en torno a la reactivación.
El compromiso de la cooperación internacional
Para conseguir estos objetivos, Parques Nacionales ha contado con el decidido apoyo de la Unión Europea desde hace más de una década, con importantes financiaciones en temas de pesca responsable y sostenible con comunidades locales en las costas del Caribe y del Pacífico, programas trinacionales en la cuenca del Putumayo, acciones para la conservación y restauración de zonas de alta montaña y páramos en la cordillera de los Andes, y modelos de gobernanza de la tierra y resolución de conflictos socioambientales en varias regiones del país.
Asimismo, se ha posicionado la labor de los Parques Nacionales de los países de la cuenca amazónica en las cumbres de cambio climático y biodiversidad, con grandes resultados.
Todos los aprendizajes de estas iniciativas se han integrado en el programa “Desarrollo Local Sostenible en zonas marginadas de Colombia” (DLS) que inició en 2016 en apoyo a la implementación de la reforma rural integral del Acuerdo de Paz, y concluyó en 2022. Sumó 30 millones de euros de financiamiento de la UE y priorizó su apoyo en la implementación de la política de “Participación Social en la Conservación” de PNN.
DLS promovió la reconstrucción de la confianza y el trabajo conjunto entre PNN y las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que se ubican dentro de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Para esto apoyó la firma de “Acuerdos para la conservación, el buen vivir y la paz”, para el desarrollo de iniciativas que permitieran generar ingresos y empleos dignos, mientras se genera la recuperación de los PNN. Cerca de 5.200 familias se vieron beneficiadas y más de 27.500 hectáreas de bosque se incluyeron en los sistemas de restauración y rehabilitación de PNN.
Además, se cuenta con el apoyo del Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (AT DRET II), conformado por la Unión Europea (UE), la Agencia de Cooperación Italiana (AICS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Desde el 2020, brinda asistencia técnica para el mejoramiento de los medios de vida de comunidades rurales y la identificación de saberes y prácticas ancestrales que contribuyen a la adaptación al cambio climático. Además, ha sido clave en la revisión de acuerdos de conservación en su relación con la economía campesina.
“La AT DRET II es un proyecto muy valioso, en particular cuando integramos los sistemas productivos con los sistemas de conservación”, cuenta Martínez, quien espera que su apoyo siga mejorando las condiciones de las comunidades campesinas, “bien sea para establecer sus proyectos de vida o para establecerse en otras zonas donde tengan interés”.
Cabe destacar que a partir de diciembre de 2022 se inicia la estructuración del Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (Fonsurec), con el fin de financiar iniciativas incluyentes basadas en modelos de transformación productiva, bioeconomía y turismo.
“Este es un vehículo financiero que permitirá viabilizar o canalizar las diferentes fuentes de recursos nacionales o internacionales. Es decir que se podrán financiar nuevas acciones orientadas a garantizar la conservación y gestión de las áreas protegidas, identificando oportunidades desde la bioeconomía y el turismo sostenible”, explica Luca de Paoli, responsable técnico de la AICS, sede Bogotá.
Según el funcionario, el fondo podría articularse con varios proyectos de agencias europeas, entre los cuales estaría el proyecto Amazon+, liderado por AICS, Unión Europea, cooperación española y francesa, cuyo objetivo es proteger la cuenca amazónica con acciones orientadas a reducir la degradación y deforestación, así como la prevención de incendios forestales.
“Será un hito en la historia”, dice Luisz Martínez, quien explica que la iniciativa podría romper con la anualidad que caracteriza los planes y presupuestos de tipo ambiental. “La arquitectura institucional no está hecha para cuidar la naturaleza. Un Parque Nacional es una entidad eterna, pero sus presupuestos son anuales. Así es muy difícil”, agrega.
La mayor parte del presupuesto de PNN proviene de la nación (un 57 % para ser exactos) y de la generación de recursos propios (30 %). Entre 2020 y 2021, el presupuesto asignado para PNN se incrementó, pues los recursos provenientes de la nación se duplicaron y el de recursos propios tuvo un incremento en aproximadamente $6.000 millones. Sin embargo, no son suficientes. En este sentido, Fonsurec puede ser una oportunidad para superar esta situación.
Martínez alude al ejemplo de la conservación del oso andino, popularmente conocido como oso de anteojos, cuya presencia en los Parques Nacionales se ve afectada por la disminución de hábitat silvestre, la ganadería extensiva y el aumento de la distancia a áreas protegidas. “Su protección tiene una duración no determinada, no responde a un plan anual de inversión, entonces necesitamos una arquitectura institucional que se ajuste a las dinámicas de la naturaleza y a la construcción de acuerdos sociales”.
El Programa AT DRET II también ha sido esencial para el fortalecimiento de la agenda interministerial de ambiente y agricultura, por lo que las áreas protegidas son un pilar determinante en su acción. En este contexto, ha realizado 19 asistencias técnicas en materia de conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y negocios verdes, además de cuatro proyectos piloto en ecosistemas estratégicos del país.
“En los PNN Munchique, Tatamá, Cinaruco y Tuparro, hemos fortalecido su planeación y manejo con acciones enfocadas en mejorar los medios de vida de comunidades rurales y en la integración del enfoque de género e intergeneracional, con la participación de la sociedad civil y de Wildlife Conservation Society (WCS)”, señala Luca de Paoli, al tiempo que destaca los talleres y encuentros realizados dentro de las áreas protegidas para identificar los saberes locales relacionados con cultivos agroforestales, rotación de cultivos y protección de las fuentes hídricas.
Además, debido a su experiencia con las comunidades, la AT DRET II ha estructurado proyectos de pago por servicios ambientales (PSA) en ecosistemas de páramo y en el Chocó Biogeográfico. Consiste en incentivos económicos, en dinero o especie, que reciben los propietarios, poseedores u ocupantes de tierras en compensación por preservar y restaurar zonas estratégicas para el país.
Para Luisz Martínez, solo con el trabajo conjunto de las comunidades y de los sectores que hacen parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales, será posible conseguir las metas del Gobierno nacional.
“La construcción de paz está articulada a poner en un plano de diálogo social y de construcción de acuerdos a todos los actores de diferentes escalas interinstitucionales: local, regional, nacional y global. Sin embargo, no se puede conservar la vida sin la gente, porque la vida se conserva para la gente, con la gente y por la gente”, concluye.
Fuente: El Espectador
http://www.elespectador.com/ambiente/bibo/conservar-los-parques-naturales-abre-oportunidades-en-ecoturismo-y-bioeconomia/
