Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes Distrito Regional de Manejo Integrado

Este 12 de marzo, se protocoliza su declaratoria en Nuquí, Chocó

Desembarcadero en Nuquí

Foto: Claudia Ayala

El próximo jueves, 12 de marzo, se protocoliza la declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá- Cabo Corrientes, que nació en diciembre del 2014, como una necesidad e iniciativa comunitaria para la protección y buen uso de los recursos hidrobiológicos y pesqueros en la costa Pacífica del Chocó. Esta nueva Área Marina Protegida para el País, junto con la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) ubicada en el norte del Departamento entre el límite norte del Parque Nacional Natural Utría y frontera con Panamá, son dos de las grandes victorias del Grupo Interinstitucional y Comunitario para la Pesca Artesanal del Chocó-GICPA, también conocido como Nodo Norte de Pesca, dentro del cual se articulan un gran número de entidades públicas y privadas además de representantes comunitarios.

Para el caso del DRMI es importante resaltar el trabajo de la mesa de ordenamiento pesquero y ambiental de Nuquí, quienes con el apoyo de diferentes instituciones lo hicieron posible; así lo expresa el presidente de GICPA, Luis Perea, “durante 18 años se venía hablando del ordenamiento en la zona, para nosotros es un gran logro tener varias áreas protegidas, como el ZEPA, al norte en Bahía Solano y Juradó, un Parque en la mitad como El Parque Nacional Natural Utría y un Distrito de Manejo Integrado, que es una de las mayores áreas de co-manejo de áreas protegidas en el Océano Pacífico.”

Hoy, al ser una realidad, comienza a enfrentar diferentes retos que permitirán consolidarla ante sectores nacionales que ignoran aún su declaratoria y objetivo. Esta Área Marina Protegida, hace parte del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas, SAMP, dentro de las ocho que posee el Pacífico colombiano y genera un blindaje para la pesca artesanal responsable que realizan las comunidades de El Valle, Arusí, Partadó, Termales, Joví, Coquí, Panguí, Tribugá, Jurubirá y Nuquí, en el departamento del Chocó.

Con sus 60.183 hectáreas, esta Área Protegida fue declarada por Codechocó quien también la administrará, y ya tiene una batalla ganada ante la iniciativa de hace muchos años de construir un puerto de aguas profundas en esta zona. Igualmente, el Proyecto “Conservando Recursos Hidrobiológicos en Áreas Marinas Protegidas” que financia la Unión Europea y Parques Nacionales Naturales, aportó a través un convenio con Marviva para la recopilación de información que contribuyó a obtener datos sobre el estado y presión del recurso pesqueros, caladeros de pesca y aspectos socioeconómicos relacionados con la pesca, datos que aportaron a la creación del DRMI.

Este mosaico representa áreas estratégicas que coadyuvan a la protección de recursos hidrobiológicos y pesqueros que, a su vez, surtirán la pesca artesanal responsable en el DRMI. Así mismo, el Distrito permitirá conservar mejor el territorio marino y las prácticas tradicionales de las comunidades. El gerente regional del Programa de Ciencias de la Fundación Marviva, Juan Manuel Díaz, manifestó: “tenemos que apuntarle a que el DRMI es un área de pesca artesanal, con función amortiguadora a largo plazo, que depende en gran medida de lo que se proteja en Utría.”

La declaratoria del DRMI, aporta a la consolidación de acciones para la protección y manejo de los recursos hidrobiológicos del Norte del Chocó, pues en conjunto con el PNN Utría y la ZEPA, protegen ecosistemas estratégicos que sustentan los recursos pesqueros de los que dependen todas las comunidades costeras presentes en la zona del Pacífico norte. Estas áreas protegidas e iniciativas de manejo especial de recursos hidrobiológicos y pesqueros, podrían cumplir mutuamente la función amortiguadora de cada una de ellas y así aportar a la conservación ambiental  integral de la región y a la conservación del Pacífico colombiano.

A partir de este logro, muchos retos vienen para las comunidades e instituciones que han participado en su declaratoria, como la realización del Plan de Manejo conjunto y la inclusión del sector pesquero industrial. Este último, es el desafío más grande, cuando esta zona ha sido utilizada durante muchos años como un caladero para pesca industrial de camarón. “La pesca que se realiza en Nuquí, representa el 80 por ciento del camarón que se captura en todo el Pacífico colombiano y además, de estos barcos, dependen más o menos 300 pescadores del golfo de Tribugá”, manifestó Díaz.

Para enfrentar este desafío, el del acceso equilibrado de los recursos, donde los pescadores puedan realizar la pesca artesanal y se siga capturando el camarón comercialmente, el Plan de Manejo debe tener en cuenta a este sector industrial, puesto que la iniciativa de creación del DRMI es netamente comunitaria y defiende la pesca artesanal. Según Díaz, “en este Plan de Manejo se tendrá que tener una propuesta concertada para que la flota de barcos camaroneros pueda entrar al DRMI a pescar y poder tener la garantía de ser controlada o vigilada por las entidades competentes y hacer un monitoreo constante con Invemar para ver si eso es sostenible.”

A su vez, Luis Perea, desde el GICPA, dice que “en los planes de manejo que son concertados, también tendremos que sentarnos con el sector pesquero y con la Armada para pedir mayor eficacia sobre el área protegida.

Aunque ésta es una gran dificultad que permitirá sentar a la Autoridad Nacional de Pesca – AUNAP y el sector pesquero con los gestores de la declaratoria del Distrito, se cuenta con una importante insumo y es que las comunidades ya están conscientes de la importancia de esta área protegida para la protección de los recursos hidrobiológicos y pesqueros y eso constituye un gran avance para lo que se quiere apostar en la construcción del Plan de Manejo.

La historia de la declaratoria del DRMI Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes, así como la de la ZEPA, son ejemplos que demuestran que la perseverancia y trabajo mancomunado de entidades estatales, ONG y especialmente organizaciones comunitarias, logran avances firmes en la construcción de un país, puesto que han sido procesos aceptados por las comunidades, apoyados por la autoridades y sustentados en información científica y necesidades sociales.

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