Declaración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en el marco del II Congreso Colombiano de Áreas Protegidas

Uno de los resultados del II Congreso de Áreas Protegidas fue la declaración que hizo el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, el cual es presidido por la dra. Luz Helena Sarmiento Villamizar Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Lo conforma la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS, la Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, un delegado por cada uno de los seis Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas SIRAPS, un delegado del Sirap Eje Cafetero y Macizo, un delgado de las Corporaciones Autónomas Regionales (en esta caso Corponor), un delgado de los Institutos de Investigación y como invitado en este caso el Instituto von Humboltd.

Cada uno de los 11 Simposios del Congreso elaboró unas conclusiones que sirvieron de insumo para la declaratoria.

Estos 21 postulados son los que enmarcarán la gestión a nivel del país en materia de áreas protegidas, además las que las autoridades ambientales desde lo local, regional y nacional deben incorporar en sus principales actividades.

Por su parte la Ministra de Ambiente en sus palabras al cierre de este importante evento destacó la visión de las nuevas generaciones en materia ambiental y subrayó la posición de Exigir, Proponer y Comprometerse con el país.  Además ratificó la necesidad de tener más recursos, más áreas declaradas y manifestó como la Ley de Páramos contribuirá a este importante ejercicio.

El siguiente es el texto de la declaratoria

Declaratoria II Congreso colombiano de áreas protegidas

Nosotros, los participantes al segundo congreso colombiano de áreas protegidas entre los días 16 y 18 de julio de 2014 en la ciudad de Bogotá y desde diversas visiones, conceptos e intereses, compuesto por jóvenes, académicos, empresarios, pueblos urbanos, campesinos, indígenas, negros y raizales, que representan la riqueza étnica y cultural del país, comprometidos con la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural hacia una consolidación de las áreas protegidas como territorios de vida y de paz, adoptamos la siguiente declaración:

RECONOCIENDO:

1. Que ratificamos lo contemplado en la declaración del primer congreso colombiano de áreas protegidas en el 2009, en todos sus puntos y en especial cuando menciona que “la conservación de la biodiversidad, la gestión y el manejo de áreas protegidas es posible solamente cuando es un objetivo social, que en el contexto pluriétnico y multicultural, implica el respeto a las formas de vinculación entre sociedad, cultura y naturaleza”.
2. Que se retoma lo enunciado por Naciones Unidas en 1982, en “La carta a la naturaleza” donde persuade a los países que “Los beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de los procesos ecológicos y los sistemas esenciales para la supervivencia de la diversidad de las formas de vida, las cuales quedan en peligro cuando el hombre procede a una explotación excesiva o destruye los hábitats naturales”.
3. Que las áreas protegidas y los diferentes territorios conservados son espacios donde se expresan valores y prácticas culturales que promueven la vida y la paz contribuyendo al bien-ser, bien-estar y el buen vivir de la población.
4. Que en la conservación de la diversidad biológica y cultural desarrollada a través de diferentes procesos territoriales y en las áreas protegidas, están las soluciones para afrontar, en la actualidad, los principales desafíos de la humanidad como el cambio global, la atenuación de eventos climáticos extremos, la disponibilidad del abastecimiento de agua, la provisión de recursos genéticos, alimentos y el mantenimiento de las condiciones de salud.
5. La conservación de la naturaleza esta estrechamente relacionada con los significados que las diferentes culturas otorgan a espacios determinados y con los consecuentes modelos de uso y manejo de los recursos.
6. Que si bien la estructura de distribución de la inversión pública se define a través de sectores, los temas ambientales y particularmente el de las áreas protegidas, suponen una visión transversal e integradora e implica el posicionamiento de la conservación en el modelo de desarrollo.
7. Que las dinámicas sociales, económicas y ecológicas en los paisajes urbanos y rurales son un reto para la administración de las áreas protegidas así como su articulación efectiva con estrategias complementarias para el ordenamiento territorial.
8. Que el país ha avanzado en la consolidación del SINAP definiendo y reglamentando las categorías de áreas protegidas; creando instancias de coordinación nacionales, regionales y locales; fortaleciendo las capacidades de los actores; identificando vacíos y prioridades de conservación en distintas escalas y estructurando mecanismos de sostenibilidad financiera.
9. Que la tendencia en la distribución de la población del país viene cambiando de rural a urbano, lo que implica desafíos para la conservación de los espacios naturales en contextos urbanos.
10. Que para Colombia, las áreas protegidas como territorios biodiversos, juegan un papel fundamental en un escenario de post-conflicto donde es posible armonizar diferentes visiones e intereses.

DECLARAMOS: 

1. Es necesario incrementar la investigación científica como fuente de información para conocer lo que se conserva en las áreas protegidas, así como el conocimiento tradicional, que son insumos básicos para asegurar su manejo.
2. Se requiere que las políticas de educación y comunicación promuevan la conexión del ser humano con la naturaleza, su identidad con el territorio y su responsabilidad con el cuidado de la riqueza natural y cultural del país y sus servicios ecosistémicos.
3. El país deberá avanzar hacia un marco normativo y de políticas que complemente el sistema de categorías actual a otras escalas y formas de gobernanza.
4. Las estrategias complementarias de conservación aportan al cumplimiento de los objetivos de conservación del país y requieren de un marco conceptual y normativo que incorpore la innovación y el conocimiento desde las distintas visiones y contextos culturales.
5. Es necesario que todas las áreas protegidas del Sistema Nacional cuenten con financiación que permita un real manejo que contribuya al mantenimiento de su integridad ecológica.
6. Se requiere garantizar la financiación para la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, generando esfuerzos que produzcan y articulen el conocimiento científico y tradicional, de igual manera que  reconozcan a las áreas protegidas como las alternativas naturales para la conservación de los mares.
7. Es relevante impulsar la declaración y el manejo de nuevas áreas marinas y marino costeras como sitios fundamentales en la prestación de los servicios ecosistémicos y de soporte vitales para las poblaciones locales.
8. Los usos sostenibles que se adelantan en las áreas protegidas son una oportunidad tanto para el cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas como para garantizar la soberanía alimentaria, la autonomía y gobernanza efectiva de las comunidades aledañas aportando a la construcción de la paz.
9. No es posible hablar de paz sin pensar en la conservación y la sostenibilidad del territorio, por lo que el país en el marco del proceso de negociación, la firma de la paz y el post conflicto debe lograr conservar las áreas protegidas y contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población que se encuentra en sus zonas de influencia y que han estado en el marco del proceso de conflicto.
10. Las áreas protegidas son fundamentales para mantener el patrimonio natural y cultural ¨EL TEJIDO SOCIAL¨ de la Nación; por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre el territorio, frente al crecimiento económico, el desarrollo y bienestar de la población, deben apuntar a evitar su deterioro y degradación.
11. Desde el Sistema Nacional y los subsistemas de áreas protegidas se hace necesario fortalecer las instancias de participación de los sectores de la economía del país. De forma paralela los subsistemas deberán incidir en las decisiones políticas y económicas que se tomen sobre el territorio.
12. Es necesario consolidar la  articulación de los diferentes sectores que orientan el desarrollo del país, con el objetivo de generar acciones coherentes que como estado permitan la consolidación, gestión y ordenamiento efectivo de las áreas protegidas.
13. Se debe valorar integralmente los servicios ecosistémicos que se derivan de las áreas protegidas, de manera que se puedan establecer con mayor precisión las retribuciones mínimas requeridas para garantizar su mantenimiento y definir los esquemas institucionales más adecuados para canalizarlas.
14. El país requiere una política de desarrollo territorial específica para la economía de las áreas protegidas y las zonas de influencia, en la que se incorpore como eje central el reconocimiento financiero a la función social, ambiental y económica que tales áreas brindan al país.
15. La financiación de la política de conservación de las áreas protegidas tiene que provenir del país, en especial de los centros urbanos, quienes dependen de ellas,  y deben pagar las deudas ambientales acumuladas, así como las de los sectores económicos que no han compensado los servicios prestados.
16. Las acciones y decisiones que se toman sobre el uso y la ocupación de las áreas protegidas deben estar orientadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas y además el desarrollo económico, el bienestar de las poblaciones y comunidades que se benefician, directa e indirectamente, de estos territorios.
17. Se debe establecer e implementar una estrategia para posicionar las áreas protegidas como las soluciones naturales menos costosas para la adaptación y mitigación al cambio climático.
18. Fortalecer modelos de gobernanza que incorporen innovaciones en la gestión compartida de las áreas protegidas, orientadas a la prevención y resolución de conflictos en el manejo del territorio y de los servicios ecosistémicos, a la participación en el diseño de medidas en el diseño de instrumentos de manejo y al seguimiento y ajuste de las diferentes prácticas involucradas.
19. Debe darse un proceso de reflexión que involucre a todos los actores y que permita identificar las acciones que generen un cambio en el paradigma de la conservación.
20. La participación es inherente a la democracia, y a la gobernanza. La sostenibilidad de las áreas protegidas está garantizada por la identidad, apropiación y reconocimiento de la “gente”, el empoderamiento de los habitantes frente a su función y necesidad. La participación de las comunidades es considerada como una oportunidad y exigencia para avanzar en la conservación efectiva del patrimonio; en tanto que estas comunidades son relacionadas como los socios naturales.
21. La participación tanto de las comunidades como de las instituciones es fundamental en los procesos de planificación y ordenamiento del uso de los territorios de las áreas protegidas.